Elecciones

Abogado en ejercicio desde 1987 y Catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Dirige el despacho especializado en Derecho penal económico y empresarial y Derecho mercantil litigioso González-Cuéllar Abogados, así como la editorial Ediciones Jurídicas Castillo de Luna. Autor de numerosas obras. Su primera publicación fue su tesis doctoral “Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal” (1990) y sus últimos libros “Ecos de Inquisición” (2014) y “La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, este último en coautoría con D. Manuel Marchena Gómez. Ha colaborado con el Ministerio de Justicia de España en trabajos de reforma legislativa, entre ellas ha sido vocal de la Comisión Institucional para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, autora de la Propuesta de nuevo Código Procesal Penal de 2013. Es Vocal Permanente de la Sección de Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación. Le ha sido concedida la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. CV completo.

Abogado en ejercicio y Doctor en Derecho “Cum Laude”. Ex Fiscal de la Audiencia Nacional. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de educación a distancia. Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III. Profesor de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 1979-2010 profesor de Derecho penal en el Colegio universitario San Pablo CEU de Madrid. Profesor en el Master de Acceso a la abogacía del ICAM. Profesor en el Máster de Derecho Privado en el Instituto de Estudios superiores, CEU. Profesor en el Master de periodismo del grupo Mundo. Organización, desarrollo y dirección de cursos de Postgrado: Director del Master de Acceso a la profesión de abogado de la Universidad Rey Juan Carlos I, Colegio de Abogados de Madrid. Diputado 2º de la Junta de Gobierno del ICAM (2013-2017). 

Se ha dedicado ininterrumpidamente al ejercicio libre de la profesión desde su colegiación hace 25 años, siendo actualmente la socia directora de MAZON ABOGADOS despacho fundado en Madrid en los años 40 por Don José Mª Mazón, Letrado Asesor del Banco de España y continuado por Don Eugenio Mazón, Jefe en los Servicios Jurídicos del Banco de España, especializado en Derecho Civil, Mercantil, y Urbanístico,. Durante los 10 primeros simultaneó su propio despacho con el Turno de oficio. Ha sido colaboradora en el Departamento de Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es diplomada en derecho anglosajón por la London School of Economics. Ha sido secretaria de múltiples consejos de administración y de varios consejos rectores de entidades urbanísticas de conservación.

Abogada en ejercicio y letrada adscrita al Turno de Oficio en penal general, Familia y violencia de género (marzo 2008 –Actualidad). Doctorada en Problemas Actuales del Derecho Financiero por la Universidad Complutense. Proyecto: Ganancias no Justificadas de Patrimonio y Rentas Derivadas de Actividades Ilícitas. Diploma de estudios avanzados: Derecho en Extranjería. Máster Universidad Complutense. España. Finalizado en Julio de 2005. Practica Forense Penal. Universidad Complutense de Madrid. Finalizado diciembre 2009. Violencia de Género. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Finalizado junio 2011. Derecho Penitenciario. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Finalizado enero 2015.

Abogada en ejercicio desde año 2010 y adscrita al Turno de Oficio Penal y Violencia de Género imputados. Ejerce la abogacía por cuenta propia con despacho profesional en Madrid. Especializada en el área Penal, colabora con diversos despachos de manera autónoma.

Abogado ejerciente, fundador de Adolfo Prego Abogados. Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, ingresó por oposición en la Carrera Judicial en 1977. Ocupó el cargo de Juez de Primera Instancia e instrucción en Trujillo (Cáceres). Ascendió a Magistrado en 1983, con destino en Tenerife y Segovia, a cuya Audiencia Provincial perteneció desde 1986, siendo su Presidente desde 1995 hasta 1998. En 1998 fue nombrado Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la que perteneció hasta noviembre de 2011, año en que pasó a la situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial. Igualmente desempeñó el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial sonde presidió la Comisión de Estudios e Informes. En el ámbito docente, ha sido Presidente del Tribunal Calificador de pruebas selectivas en el orden jurisdiccional penal para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, Profesor de Derecho civil en el Colegio Universitario Domingo de Soto de Segovia dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, Profesor del Centro de Estudios Judiciales en Segovia, Profesor de clases teórico-prácticas del Curso a la Carrera Fiscal. Ha intervenido como ponente conferenciante en numerosos congresos y ha publicado diversos trabajos de Derecho Penal.

Abogada en ejercicio. Colegiada en el ICAM desde 2002, proveniente del ICAC. Fundadora de las firmas “ExAequo Abogados” y «Sanchez de Lara Abogados», con sedes en Sevilla, Granada y Madrid, donde actualmente desempeña el ejercicio de la abogacía. Procesalista experta en Derecho Laboral, Penal y de Familia. Diplomada en Altos Estudios Internacionales (SEI). Ha trabajado en programas nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos. En la actualidad, es Presidenta de la Organización “Thribune: Tribune for Human Rights”, Patrona de Alianza por la Solidaridad y forma parte de las Juntas Directivas de otras organizaciones, destacando sus trabajos en España, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Palestina, Egipto, Argentina, Méjico, Marruecos… Premio Women Together 2012. Sede de UN, Nueva York. Autora y coautora de diversas publicaciones, entre las que se encuentran: “Freelance y colaboradores: Relación Laboral”. Thomson Reuters, 2014; “Del Acoso Sexual. Aspectos Penales”. Editorial Civitas, 2010; “Legislación sobre Violencia de Género”. Aranzadi, 2007; “Mujeres: igualdad y libertad. Un homenaje a Enriqueta Chicano”. Civitas, 2007; “Suicidio y Violencia de Género”, Ministerio de Sanidad y Consumo y FMP; junio de 2006; “La lucha por la igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. Reflexiones y aportaciones de la Ley de Igualdad 2/2007, de 22 de marzo” (Colección Debates número 10. Dykinson, 2010); “Estudios interdisciplinares sobre igualdad y violencia de género”. Editorial Comares, 2008.

Abogada en ejercicio y experta en relaciones laborales. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master en RR. LL y RR.HH. Se inició en el ejercicio libre de la abogacía en el año 1992, como generalista, formando parte también del turno de oficio y como Letrado Colaborador en los Servicios de Orientación Jurídica del ICAM. Cuenta una dilatada experiencia en el ámbito procesal, dada su especial dedicación a la defensa y representación ante los Juzgados y Salas de lo Social. Tras dirigir el área laboral en VIA ABOGADOS, se incorpora en 2012 a la Oficina de Madrid de ROCA JUNYENT S.L.P. , como Asociada Senior, en el Departamento de Laboral liderado por Luis Enrique de la Villa Gil. Toda su carrera profesional la ha venido compaginando con labores de docencia (ESIC, UAM, …) colaboraciones, ponencias publicaciones en medios de su especialidad, y con participaciones destacas en Proyectos de cooperación internacional (AECID) centrados en el Derecho del Trabajo.

Abogado en ejercicio, colegiado en el ICAM desde 1991 y especializado en Derecho penal. Adscrito al Turno de Oficio desde 1993. Fundador y Socio Codirector del Despacho “García Peña y Andújar Abogados”. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2005 hasta la fecha, impartiendo clases en distintos centros docentes, Universidades y, en especial, en el Centro de Estudios del ICAM. Director del Curso especial de acceso al Turno de Oficio de protección a víctimas y delitos de odio.

Abogado en ejercicio ICAM. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Primer Premio Nacional Fin de Carrera, Promoción jurídica 1971-1976); Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia (1979). Sobresaliente Cum Laude. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en las Universidades de Granada (1986-1988); Autónoma de Barcelona (1988-1993) y Complutense de Madrid (desde enero de 1994); Stagiaire en las Direcciones Generales de Presupuestos y de Fiscalidad de la Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas (1981); Ex-Letrado del Tribunal Constitucional (1990-1991); Ex-Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Secretaría de Estado de Hacienda. Ministerio de Economía y Hacienda (1997-2001); Ex-Coordinador del Área de Ciencias Jurídicas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (Ministerio de Ciencia y Tecnología); Ex-Director de la Cátedra Internacional de Municipalismo; Ex-Secretario del Instituto de Derecho Comparado (Universidad Complutense de Madrid); Ex-Miembro del Comité Asesor de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; Ex-Vocal del Consejo Rector de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid; Presidente de la Junta Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco desde 2014. Ha impartido Cursos de Licenciatura y de Postgrado en diferentes Universidades y Centros de Formación y de Investigación españoles, europeos y latinoamericanos, y participado en distintos Congresos nacionales e internacionales sobre múltiples cuestiones tributarias. Es autor de varias Monografías y estudios doctrinales sobre materias jurídico-financieras y tributarias.

Abogado en ejercicio desde 1998. Adscrito al turno de oficio desde el año 2002. Letrado del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciario. Director del Curso de Práctica Procesal Penal impartido por el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. CCBE Human Right Award 2008, Premio de los Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía Europeo por su participación en el proceso seguido por los atentados del 11-M.

Antonio Abellán Albertos es abogado ejerciente del ICAM desde 1998. Pertenece a los Turnos de Oficio Penal y Civil en todas sus materias y ha sido miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. Es administrador concursal y contador-partidor Judicial, árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM y árbitro de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Es director de los Cursos Penal E-Learning del ICAM y del Curso de acceso al Turno de Oficio Especial de Audiencia Nacional, así como profesor en el Curso de Práctica Procesal Penal y en otros cursos del Centro de Estudios del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid. Es profesor del Master de Acceso a la Abogacía organizado por Iltre. Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Además, es miembro activo y fundador de distintas asociaciones profesionales.

María Enciso Alonso-Muñumer, es Catedrática acreditada de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos. Consultora Académica en ONTIER. Académica correspondiente de la Real Academia de la Jurisprudencia. Directora Académica del Master de propiedad Industrial, propiedad intelectual, competencia y nuevas tecnologías. Universidad Rey Juan Carlos/ Fundación Pons desde 2010. Coordinadora del Master de acceso a la Abogacía ICAM/Universidad Rey Juan Carlos. Ha impartido conferencias en congresos, cursos y seminarios nacionales y extranjeros en distintas universidades e instituciones. Es Secretaria del consejo de redacción de la revista La Ley Mercantil, y colaboradora permanente de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal y de la Revista de Derecho de Sociedades. Es autora de monografías y numerosos artículos en libros y revistas especializadas en materia de Derecho Concursal, Derecho societario, Derecho financiero y derecho contractual. Miembro de distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales.

Licenciado en Derecho Universidad Complutense (1979-1984). Diplomado en Derecho Penal. Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense (1985). Abogado en ejercicio del I. Colegio de Abogados de Madrid desde 1985 (Colegiado nº 24.686). Vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes del ICAM (1989-1991). Diputado 15º de la Junta de Gobierno del ICAM (1992-1999). Vocal del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (2000-2015).

1. Fortalecimiento del derecho de defensa y de la asistencia letrada y reconocimiento expreso de la libertad e independencia del Abogado en la anunciada reforma de la Constitución, en el que el ICAM debe participar.
2. Aprobación de una Ley Orgánica reguladora del Derecho de Defensa, a la Asistencia Letrada y del Secreto Profesional del Abogado.
3. Supresión absoluta de las tasas judiciales.
4. Inmediato y completo acceso al atestado policial por parte del Abogado del detenido desde su llamamiento.
5. Plazo máximo improrrogable de seis meses para el secreto sumarial.
6. Instauración de un órgano colegial para la prevención del blanqueo de capitales que garantice el cumplimiento por los abogados de sus obligaciones legales de colaboración, con rigurosa observancia del secreto profesional en la defensa y la asistencia letrada para la prevención, gestión y resolución de conflictos.
7. Total transparencia de las candidaturas en las campañas electorales del ICAM y prohibición de contratación de las entidades que aporten fondos, bienes o servicios durante el mandato de la Junta de Gobierno elegida, con verificación externa de la actuación económica de todos los contendientes.
8. Retribución de los Abogados llamados por el Colegio a defender a las personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita, mediante el turno de oficio. Se hará con arreglo a valores de mercado, gestionando directamente el Colegio los fondos públicos asignados a tal fin, sin intermediación de la Comunidad de Madrid, con absoluta transparencia y conforme a criterios de eficiencia y economía. Asimismo, el Colegio velará por dotar de los medios adecuados a los abogados jóvenes para el ejercicio de la profesión.
9. Reconocimiento de la “cláusula de conciencia” del Abogado en despachos colectivos, firmas y empresas, para la efectividad de la libertad e independencia en el ejercicio de la profesión.
10. El Colegio colaborará lealmente con la Administración de Justicia vigilando posibles excesos o abusos contra la libertad e independencia de los abogados.

1. Elecciones al ICAM. Regulación de la financiación de las campañas de los candidatos. Límite de gasto y publicación del origen de los fondos. Verificación por un tercero independiente.
2. Portal de Transparencia del Colegio. Creación de un portal de transparencia para la difusión de la actividad colegial y de la justificación de la realización de los gastos.
3. Planes de Cumplimiento normativo. Impulso y fortalecimiento del control interno y el cumplimiento normativo en el seno del ICAM.
4. Gabinete de Medios. Creación de un Gabinete para la interlocución con los medios periodísticos, como en otras instituciones y organismos profesionales, encaminado a difundir la actividad colegial y transmitir los valores y fines que nos animan, así como cuanta información sea necesaria para la transparencia ante el público en general.

Aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los niveles de actuación colegial. Inclusión de la perspectiva de género en la toma de decisiones y actuaciones colegiales. Aprobación de un Plan de Igualdad de Género eficaz. Visualización de la relevancia de la mujer abogada en la asistencia letrada y la actividad colegial.

Participación en la agenda política e institucional, con aportación de la experiencia de los letrados expertos en violencia para mejorar las respuestas frente a dicho fenómeno y sus consecuencias en el procedimiento judicial principal y en los demás necesarios para la desvinculación de las partes. Promoción del papel de la abogacía en las instituciones y las comisiones del Pacto contra la Violencia de Género para denunciar los fallos, dilaciones, problemas y necesidades en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

1. Estatuto del Empleado del ICAM. Derecho a la estabilidad y a la carrera profesional de los empleados del ICAM.
2. Objetividad en los nombramientos discrecionales. Publicación de criterios, concursos públicos y difusión de los Curricula y de la grabación en video de las entrevistas con los candidatos a los cargos y puestos discrecionales en el Portal de Transparencia.
3. Relación de puestos de trabajo. Por una definición racional de las funciones y retribuciones con respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores del ICAM.

1. Inmediato acceso al atestado policial. Acceso al expediente judicial a través de la Oficina de Enlace en iguales condiciones que sucede en los juicios rápidos. Envío por medio telemático del atestado digitalizado.

2. Locutorios dignos sin barreras físicas. Instalación de locutorios para las entrevistas con detenidos e internos en centros penitenciarios que aseguren una asistencia digna y eficaz y la confidencialidad de la comunicación. Supresión, con carácter general, de las barreras físicas en la comunicación, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH.

1. Reversión de la tendencia generalizada hacia el arrinconamiento y expulsión de la Abogacía de la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. El abogado es una pieza clave en todos los procedimientos para asegurar la efectividad del derecho de defensa. Debe recuperarse su intervención en los ámbitos de los que ha sido excluido e impedir que se efectúen modificaciones procesales mediante las que quede desterrado de los procedimientos. Entre estas medidas se propone la revisión de la reforma que supuso la despenalización de la mayor parte de imprudencias graves en accidentes de tráfico que pueden generar vulneración del Derecho de defensa o la oposición a la exclusión de la defensa técnica en los procesos de incapacidad.
2. Oficinas de Señalamiento Inmediato y Turno de Asistencia Continuada ante los Juzgados de Primera Instancia. Se deben promover la puesta en marcha de las Oficinas de Señalamiento Inmediato en los partidos judiciales de Madrid en los que exista separación entre Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instrucción. Impulso de los “juicios rápidos civiles” para ciertas materias con Turnos de Asistencia continuada.

1. Ingreso. Posibilidad de ingresar inmediatamente en el Turno de Oficio tras la incorporación al Colegio, con prácticas retribuidas realizadas en las actuaciones del Turno de compañeros veteranos tutores, cuya retribución también habrá de incrementarse para cubrir la faceta formativa que asumirán.
2. Retribución.  Abono del trabajo realizado en el Turno de Oficio con arreglo al valor de mercado del trabajo realizado.
3. Protección del Abogado del Turno de Oficio. Establecimiento de prestaciones por incapacidad temporal o permanente, incluidos los derivados de accidentes en los desplazamientos para las asistencias y asimilación de la responsabilidad civil por la prestación del servicio a la establecida para los funcionarios públicos.
4. Conciliación con la vida familiar. Modificación del sistema con posibilidad de designaciones compartidas para la posibilidad de conciliación con la vida familiar.
5. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Derecho a la Formación Continua de los Letrados del Turno de Oficio gratuita, que debe abonar la Administración.
6. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Retribución de la derivación de los asuntos a Mediación. Para el fomento de la Mediación se aplicará la medida prevista en el punto 13.3.
7. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Creación de un Turno Especial en materia de Incapacitación, Internamiento y Defensor Judicial, con formación interdisciplinar (psiquiatría, psicología, trabajo social), con sistema de guardias.
8. SERVICIO DE AYUDA EN LA NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN: A través de este nuevo servicio colegial se facilitará a los abogados la comunicación con sus clientes del Turno de Oficio y la notificación de las resoluciones e informaciones que les afecten, de tal forma que en caso de dificultad o imposibilidad de contacto los letrados puedan ver colmados sus deberes de información descargándoseles de molestias, pérdida de tiempo y gastos de envíos.
9. SERVICIO REPROGRÁFICO: Escaneado de actuaciones en los supuestos de entrega al letrado de autos originales masivos para calificación en causas criminales así como en el resto de materias mediante remisión digitalizada al letrado en el momento de comunicación de la designación de la documentación judicial aportada por el beneficiario.

1. Abogado Tutor. Creación de la figura retribuida del Abogado Tutor de los Abogados del Turno en prácticas, tras la superación de un curso y una prueba de aptitud.
2. Mejora de la oferta formativa. Ampliación de la oferta de cursos ajustada a las necesidades de los colegiados, a precios asequibles. Cursos e-learning.
3. Ampliación de los espacios destinados a la formación. Nuevas aulas para formación en todo el territorio del Colegio.
4. Nuevas herramientas para la adquisición y actualización del conocimiento. Publicación de Revista Práctica ICAM de Estudios Jurídicos sobre materias de actualidad. Fomento del acceso “on line” a recursos en red y bases de datos.

1. Defensor de la Abogacía en las oficinas de enlace de las salas de Togas. Atención cercana con el objetivo de una Inmediata tramitación personalizada de las quejas.
2. Protocolo de señalamientos y plazo máximo de espera. Por una agenda racional de señalamientos judiciales y seguimiento de la puntualidad de las declaraciones y vistas diarias por personal especializado del Colegio. Protocolo sobre plazo máximo de espera del letrado para actuación profesional.

Creación de una Comisión sobre Reforma Legislativa, ante la cual los colegiados puedan formular sus propuestas y que sirva como foro de debate sobre proyectos de reforma en curso y el planteamiento de iniciativas colegiales, de forma que la voz de toda la Abogacía madrileña pueda ser oída y llevada ante las instituciones.

Reconocimiento del papel esencial de la Abogacía Joven en el ICAM, con presencia en los Grupos de Trabajo en las distintas áreas y el profesorado. Protagonismo y promoción de la Abogacía Joven en todos los ámbitos de actuación colegial, incluida la interlocución del Colegio con las instituciones y en la comunicación con la sociedad.

1. Designación. Aplicación de criterios objetivos en la designación de árbitros y mediadores.
2. Publicidad. Informe trimestral de designaciones efectuadas publicado en el Portal de Transparencia.
3. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno de autoexclusión de cualquier arbitraje encomendado a la Corte de Arbitraje del ICAM durante toda la duración del mandato.
4. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Fomento de la Mediación. Se dotará a los Abogados del Turno de Oficio de la formación necesaria para la derivación de los asuntos susceptibles de ser gestionados a través de la Mediación, con retribución de la derivación sustitutiva del pleito igual que el proceso judicial completo.

1. Garantías. Fortalecimiento de las garantías del régimen sancionador.
2. Agilidad. Inadmisión inmediata de quejas manifiestamente infundadas.

1. Congelación de cuotas y Auditoría de gestión. Congelación de las cuotas y realización de una auditoría de gestión para la reducción de gastos superfluos.
2. Oficina de venias. – Tramitación on-line, con agilidad de la comunicación abogado entrante-saliente. La venia se cursará directamente desde la web colegial que dará nota de solicitud y lo remitirá al entrante, con registro de entrada con sello de tiempo y válido para aportación al Juzgado.
3. Recuperación de los Grupos de Trabajo. Supresión de las actuales Secciones y recuperar los Grupos de Trabajo mediante colaboradores expertos que presten asesoramiento a los colegiados en todas las materias (Civil, Penal, Mercantil, Social, Contencioso-Administrativo, Tributario y Extranjería).
4. Servicio de Orientación Fiscal. Creación de un Servicio eficaz de Orientación y Asesoramiento Fiscal respecto de las cuestiones tributarias que directamente afecten a la Abogacía.
5. Servicio de orientación y mediación colegial sobre el seguro de responsabilidad civil profesional. Creación de un servicio de orientación al colegiado sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil e interlocución colegial con las compañías, a petición del colegiado, para la gestión de las reclamaciones. Renegociación de la póliza y límites de franquicia.
6. Aumento y distribución equitativa de los espacios de encuentro profesionales. Nuevos espacios para las reuniones colegiales o entre colegiados distribuidas equitativamente por todo el territorio del Colegio.
7. Digitalización. Ayuda con medios del ICAM al colegiado en la tarea de la digitalización de los despachos, para evitar el desequilibrio tecnológico. Aprobación y aplicación de un Plan de Digitalización de la Abogacía madrileña.
8. LEXNET. Mejora del sistema y previsión de un sistema de comunicación complementario que cubra posibles incidencias.
9. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Creación de Puntos de Contacto en el ICAM con otros Colegios Profesionales (Procuradores, Abogados, Registradores, etc) constituidos por Abogados ejercientes y no ejercientes adscritos estos últimos a dichos Colegios para canalizar las cuestiones de interés común.
10. PROPUESTA PARTICIPATIVA*: Fomento de la participación de los colegiados no ejercientes en las actividades del ICAM, en especial en el debate jurídico y la formación.
11. PROPUESTA PARTICIPATIVA* (colaboración de Javier de la Cueva): Internacionalización de la Abogacía madrileña, puente jurídico entre Iberoamérica, Europa, Oriente Próximo, Medio y Lejano. Creación de una Red Profesional Pública, validada por Colegios Profesionales de Iberoamérica, Oriente próximo, Medio y Lejano Oriente, con información sobre áreas de trabajo y competencias jurídicas y lingüísticas de los Abogados madrileños, para la llevanza de casos internacionales, en condiciones de igualdad de oportunidades con consultoras multinacionales.

Medidas para conseguir clarificar y mejorar la tributación de los servicios jurídicos. Tributación de la Abogacía. Tributación de los usuarios en situación de vulnerabilidad.

Medidas tributarias concretas:

1. Supresión total de las tasas judiciales.
2. Gestionar con el Ministerio de Hacienda la aplicación a los honorarios de los Abogados de la reducción del 30 por ciento de los rendimientos netos obtenidos con un periodo de generación superior a dos  años (art. 32 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF) , siempre que la cuantía de la retribución pactada dependa de factores inciertos (retribuciones variables en función de resultados, primas de éxito, etc.,)  y se corresponda con actuaciones profesionales plurianuales (La redacción actual de la referida reducción tributaria en el IRPF, unida a la interpretación que mantienen de ella la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria, imposibilita en la práctica su aplicación a las retribuciones por actuaciones plurianuales de los Abogados).
3. Promover la reforma de la regulación recién establecida por la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en el art. 11 de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF (el Pleno del Senado, en su sesión del pasado 11 de octubre, aprobó la Proposición de Ley , sin introducir variaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados) respecto de la “Deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad”: Se propone que el porcentaje de deducción de los gastos de la vivienda parcialmente afecta al ejercicio profesional, también en la estimación directa simplificada, coincida con el de “la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”.La redacción establecida en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo es la siguiente: “Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa: (…) b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. c) Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores”.
4. Gestionar con las Administraciones Tributarias, estatal y autonómica, la adopción de concretas medidas fiscales y presupuestarias que faciliten la efectiva incorporación de los Abogados recién graduados al ejercicio de la actividad profesional.
5. Reclamar la clarificación y consolidación normativa de la no sujeción al IVA de los servicios profesionales prestados en el ámbito de la Asistencia jurídica gratuita, acabando con los vaivenes interpretativos que han venido produciéndose respecto de su tratamiento en el referido Impuesto (La Dirección General de Tributos en Consulta vinculante V1706/2017, del pasado 30 de junio, modifica el criterio mantenido en su anterior Consulta de 25 de enero de 2017, defendiendo ahora que desde el 1 de enero de 2017 (fecha de efectos de la nueva regulación del sistema de asistencia jurídica gratuita establecido por la Ley 2/2017, de 21 de junio) “los servicios prestados por abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996,de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido”.
6. Mejora de la regulación fiscal relativa a la valoración de la retribución percibida por el socio de un despacho de abogados. Uno de los problemas más importantes en la tributación de un despacho de abogados y de sus socios es el carácter vinculado de las operaciones efectuadas entre ellos, debido a la dificultad de valorarlas a precios de mercado según los métodos establecidos en la Ley 27/2014, reguladora del Impuesto sobre Sociedades (en aplicación de su art. 18). La incertidumbre derivada de la determinación del valor de mercado en este tipo de operaciones intenta resolverse a través de la aplicación de la regla establecida en el art. 18.6 Ley 27/2014, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, por la que el contribuyente podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor de mercado en el caso de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada cuando se cumplan unos requisitos, en los que queremos destacar el descrito en la letra b): Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 75 por ciento del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios. Pues bien, nuestra propuesta consiste en reducir el porcentaje establecido en el art. 18.6.b para no poner en peligro la capitalización de estas sociedades. La normativa fiscal actual provoca una falta de reservas imprescindible para el correcto funcionamiento de los despachos de abogados y, en consecuencia, una puesta en peligro de su continuidad en momentos de menor trabajo y de menores ingresos. Los efectos nocivos de esta regulación derivan, asimismo, de la existencia del ajuste secundario por el que la diferencia a favor del socio tributa como dividendo (y no se considera gasto deducible para la sociedad) (art. 18.11 LIS). Este régimen fiscal provoca que en la práctica las sociedades profesionales estén retribuyendo como prestación de servicios un importe coincidente con la normativa fiscal. Además, es reseñable que la actual normativa parece contradecir el propio espíritu de la citada Ley del Impuesto sobre Sociedades, que favorece desde la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2014 la constitución de reservas por parte de las empresas (ya sea la reserva de capitalización regulada en el art. 25, ya sea la reserva de nivelación de bases imponibles para las empresas de reducida dimensión regulada en el art. 105).
7. Protección fiscal del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de colectivos especialmente vulnerables: No tributación de los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios relativos al ámbito de vulneración. La protección al derecho de defensa de los colectivos especialmente vulnerables debe extenderse al ámbito fiscal. En concreto, los gastos de defensa jurídica realizados como consecuencia de una mayor vulnerabilidad social deben ser deducibles en el IRPF de la persona necesitada de protección. Si bien es cierto que estas personas cuentan con la posibilidad de acudir a la defensa prestada por abogados de oficio, la protección de su derecho fundamental a la defensa debe intensificarse y ampliarse al ámbito fiscal. Y esta protección fiscal debe consistir en una exención en el impuesto sobre la renta de la persona especialmente vulnerable de los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios relativos a su ámbito de vulnerabilidad. Entre las personas especialmente vulnerables se puede señalar las mujeres víctimas de maltrato de género o que hayan sufrido violencia sexual, las menores víctimas de maltrato o de acoso, las personas con necesidades especiales o los inmigrantes. Nuestro ordenamiento ya reconoce la necesidad de proteger fiscalmente a las personas físicas que necesitan realizar un gasto en su defensa procesal al regular una medida similar a la propuesta la Ley 35/2006, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con los gastos de defensa jurídica relativos a las relaciones laborales. En concreto, el art.19.2.e establece una deducción aplicable a los rendimientos derivados del trabajo dependiente para “los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales”. En esta línea, nuestra propuesta consiste en una exención de la renta gastada en la defensa jurídica hasta un importe máximo coincidente con una retribución media por el servicio profesional. Su configuración como exención, en vez de como gasto deducible, deriva de su aplicación a cualquier persona especialmente vulnerable, con independencia de la fuente de rentas que obtenga. También consideramos más conveniente su configuración como exención que como deducción en la cuota, para que el tipo de gravamen aplicable a cada persona no influya en la cuantificación de la renta excluida de tributación; de esta forma, todas las personas disfrutarán de la misma medida de protección fiscal a su situación de vulnerabilidad, sin verse aumentada en función del incremento de su renta disponible.

Atención de la situación de los colegiados mayores.

Incluimos dentro de nuestro programa participativo, las propuestas de La Brigada Tuitera al ser coincidentes con las nuestras >> acceder

1. Todo procedimiento automatizado que se utilice para la adopción de decisiones judiciales o de una estrategia procesal de los miembros de la judicatura, fiscalía, abogacía y cualesquiera otras personas intervinientes en el proceso, deberá hacer públicos sus algoritmos.
2. Prohibición de secreto de normas técnicas y algoritmos que se utilicen para la administración de justicia. Su código fuente debe poderse someter a escrutinio público y a contradicción.
3. Obligación deontológica del Abogado de identificar ante el cliente la utilización de herramientas automatizadas predictivas de la resolución del asunto, cuando su decisión libre e independiente como Letrado se base en ella.
4. Almacenamiento de Lexnet en servidores gestionados por órganos del CGPJ y modificación de su arquitectura interna, en un sistema de nodos estancos por órganos judiciales que impidan el intercambio de información y garantice su inmediata eliminación a la finalización del proceso.
5. Prohibición de la utilización de cualesquiera datos de Lexnet por el Poder Ejecutivo, para cualquier fin, incluido el fiscal, al igual que ocurre con el censo de habitantes.
6. Prohibición de sistemas de perfilado automatizado de miembros de la judicatura, fiscalía, abogacía y cualesquiera intervinientes en el proceso utilizando los datos de Lexnet o cualesquiera otros obtenidos de aplicaciones de gestión procesal.

Se creará una base datos de despachos que deseen participar en una Red Internacional, conectada con otros Colegios de distintos países, para proporcionar a los clientes internacionales la información necesaria sobre idiomas, capacitación y especialidades que permitan al cliente efectuar una selección informada.